Será más fácil despedir que flexibilizar

TRIBUNA: Las consecuencias del ajuste económico

ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
El País. 22/06/2010

En cuanto asoman las crisis proliferan más las ocurrencias que las ideas.
Recurrentes ocurrencias sobre nuevas reformas laborales que lo único que
renuevan, con contumacia, es la degradación del trabajo. Porque, como la
energía en el primer principio de la termodinámica, el empleo ni se crea ni se
destruye con las normas laborales, si acaso inducen su transformación y si es
para hacerlo más endeble, facilitarán también su precaria creación en épocas de
bonanza y su masiva destrucción a las primeras de cambio (del ciclo
económico).

El borrador de reforma era equilibrado; el decreto aprobado es un
desaguisado que abarata todos los despidos
La organización del trabajo en una economía es el corolario de su estructura
productiva y no al revés. El fordismo no surgió en la agricultura norteamericana
durante su expansión al Oeste sino en las fábricas de automóviles y a raíz de que
Henry Ford decidiera fabricarlos en serie.

A su vez, la inversión productiva es la que genera los empleos adecuados a los
bienes y/o servicios que se vayan a producir y los demanda en la cantidad
necesaria para optimizar el capital invertido. Una industria tecnológica
requerirá empleos cualificados y una subcontrata de construcción sería ruinosa
si nutriese su plantilla a base de arquitectos. La primera mantendrá a sus
técnicos por bastante tiempo, porque los desarrollos de su producción
necesitarán un buen periodo hasta abrirse hueco en el mercado; la segunda
ocupará al grueso de sus empleados mientras dure la obra. Posiblemente esta
obtendrá beneficios más rápidamente que aquélla, pero la productividad por
hora trabajada, la generación de valor añadido, la competitividad en los
mercados nacional e internacional y los mayores beneficios a la postre, aunque
se hagan esperar un poco más, serán más plausibles en la industria que en la
subcontrata; y contribuirá a la generación de riqueza en el país, más solvente y
más sostenible en todos los órdenes.

La confusión entre ganar competitividad en un mundo cambiante y acumular
beneficios abundantes, con la mínima inversión y en poco tiempo, como manda
la más pura tradición del capitalismo español, ha latido siempre tras las
innumerables reformas laborales habidas desde antes incluso de aprobarse el
Estatuto de los Trabajadores. En su reforma parcial -y brutal- de 1985 se
consagraron hasta ¡16! modalidades de contratación temporal aunque las tareas
a desarrollar fueran permanentes. "Los empleos temporales de hoy serán los
fijos de mañana", nos espetó el presidente del Gobierno de entonces a cuantos
osamos advertirle del destrozo en el mercado laboral que iba a comportar su
reforma sustituyendo fijos por eventuales.

En apenas tres años pasamos de tener una tasa de temporalidad del 13% al 30%
y en esa dualidad seguimos veinticinco años después. Y no porque se dejaran de
hacer reformas, sino precisamente porque se han hecho muchas más al menor
bache de la economía pero siempre con el mismo interés de abaratar el factor
trabajo como vía principal para recomponer la tasa de beneficio. Reformas,
paradójicamente, para mantener el mismo patrón de crecimiento y
competitividad. Eso sí es alimentar el inmovilismo frente a la globalización.
Al menos fueron tres los momentos decisivos para modernizar la estructura
productiva de nuestro país que se desaprovecharon con otras tantas reformas
lampedusianas: a principios de los ochenta con la impropiamente llamada
reconversión industrial; al ingreso en las Comunidades Europeas, "preparada"
con la precarización laboral de 1985; en la fase de convergencia hacia la Unión
Monetaria con Gobiernos del PP que cebaron la burbuja inmobiliaria y
arruinaron la reforma pactada en el 97 entre patronal y sindicatos para
conjugar, por primera y única vez, flexibilidad y estabilidad laboral. Ahora
puede anotarse el cuarto, cuando el inteligente e inapelable empeño del
Gobierno socialista de alentar la Economía Sostenible está a punto de abortarse
con la reforma aprobada en su Consejo de Ministros el 16 de junio.
Inexplicablemente, el proyecto de reforma sufrió una metamorfosis asombrosa
entre el primer borrador, más equilibrado, del viernes 11, y el decreto aprobado
tres días después, quedando un desaguisado que abarata todos los despidos, que
subvencionados podrán saldarse con 12 días de indemnización para los
objetivos y los facilitará con tan solo alegar "situación económica negativa" de la
empresa, sin que haya incurrido en pérdidas y sin necesidad siquiera de aportar
acreditaciones fehacientes; limitando al mismo tiempo a los jueces a basarse en
la "mínima razonabilidad" para que tengan que sentenciar con manga ancha a
favor del empresario.

Sin embargo, puede costar 20 días por año trabajado y hasta nueve
mensualidades indemnizar a un trabajador si se despide al reorganizar el
trabajo en la empresa para adaptarlo con más flexibilidad a nuevas
circunstancias de la producción. Algunos cambios de última hora trastocarán la
negociación colectiva en lugar de racionalizarla y otros apenas servirán para
reducir la temporalidad.

Jalear a un gobernante con los tópicos sobre la estatura política para que
impongan medidas difíciles aunque sean duras suele ser una argucia
embaucadora, acuñada por las derechas para confundir a Gobiernos de
izquierdas, que no pocas veces se la han tragado. Lo difícil es gobernar con
justicia, lo fácil es hacerlo injustamente; y es comprensible que no queriendo
admitir que se es injusto se utilice el eufemismo de la dureza. Duro es decirle a
ciertos grupos de presión que ya no puede ni debe esperarse que el Gobierno de
un país avanzado ampare y subvencione viejas formas de producir por mucho
que ganen algunos con ellas a costa del empleo y del progreso industrial del
país; difícil es encauzar el emplazamiento a empresarios y trabajadores para
mirar de frente al futuro que hace más de un decenio que está pasando por
delante de nuestras narices.

Antonio Gutiérrez es diputado del PSOE, presidente de la Comisión de Economía del
Congreso y ex secretario general de Comisiones Obreras.

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