El declive del poder sindical, de Ignacio Sotelo
El País. 27 de julio de 2010
De lo primero de lo que hay que dejar constancia es de un descenso de la afiliación a los
sindicatos. En Alemania, los miembros del DGB, la mayor central sindical, pasan de 12
millones en 1990 a 7,7 en el 2000, y las pérdidas han continuado al mismo ritmo en el
siglo actual. En la Unión Europea de los 15, entre 1995 y el 2006 la afiliación
disminuyó en un 31%. En la Europa del Este el bajón fue todavía mayor: en Hungría de
un 63%; en Eslovaquia, de un 57%; en la República Checa de un 46%. A pesar de que
la historia de las dos Europas haya sido tan distinta, coinciden en un rápido declive de
los sindicatos.
Antes la vida estaba estructurada en tres etapas perfectamente diferenciadas. Una
primera de preparación, dedicada a adquirir un oficio o profesión que habría de durar
toda la vida. Seguía una segunda de actividad laboral, que se extendía al menos cuatro
decenios, consagrada por entero a un trabajo del que se extraía la identidad social. Una
tercera edad, que el alto nivel de vida y los enormes avances de la medicina han
prolongado, en la que al fin se disfruta de tiempo libre para hacer lo que siempre
hubiéramos querido. El premio de una vida de trabajo consistía en poder hacer al final
lo que se quisiera, lástima que llegaba cuando ya el cuerpo se revela como el mayor
impedimento.
El esquema anterior quizás sirva para los que hoy se jubilan, pero no será aplicable a las
nuevas generaciones. Los contenidos específicos de cada una de estas tres etapas se
mezclan cada vez con mayor frecuencia. El que quiera mantenerse en el mercado de
trabajo -un puesto de por vida se resquebraja hasta entre los funcionarios- tendrá que
reciclarse en su profesión, o aprender una nueva. La “educación permanente” deja
abierta de manera indefinida la primera etapa, que, por otro lado, pierde parte de su
sentido, al desconectarse las posibilidades de empleo de la preparación recibida: ha
mejorado la educación en la proporción que disminuye el empleo. Para alcanzar un
puesto de trabajo no basta un buen nivel educativo, aunque cuanto más bajo sea este,
menores las oportunidades.
Tampoco el tiempo libre es ya privilegio de los jubilados. Hay que contar con un ocio
querido -media jornada, excedencia temporal- y sobre todo con uno no querido, al
quedarse sin empleo, que es preciso saber manejar hábilmente. Más que en el trabajo,
hoy la personalidad se refleja en la forma en que se ocupa el tiempo libre. Antes se
educaba exclusivamente para el trabajo; en el futuro será cada vez más importante una
educaciónpara el ocio. El que el trabajo haya dejado de estructurar la vida es el cambio
más profundo que caracteriza al nuevo orden social que está surgiendo.
Con la centralidad del trabajo se disipa la “conciencia de clase”, que en el siglo que
acaba de empezar ha desaparecido casi por completo. La mayor parte de la población se
identifica cada vez menos por el oficio, y más por el sexo, la edad, la nacionalidad, el
origen regional… o si son del Madrid o del Barça. Se asume que es menester vivir de un
curro, siempre precario, aceptar cambiarlo de continuo y, en los trechos en los que no se
obtenga ninguno, recibir sin el menor desdoro la “ayuda o salario social”.
El individuo ha dejado de identificarse por el trabajo al que acude, al fin y al cabo una
cuestión de suerte cambiante sobre la que poco se puede influir. Sabe que el capital
únicamente lo necesita como consumidor. El gran aporte del capitalismo en su última
versión es haber conseguido la máxima individualización en el puesto de trabajo, pero
también en cuanto consumidor.
Los sectores marginados, es decir, aquellos que quedan fuera del mercado, han
mostrado siempre una profunda aversión a dejarse organizar, objetivo también muy
difícil de alcanzar con una enorme dispersión de la fuerza del trabajo.
A la vez que las multinacionales se expanden por todo el planeta, las fábricas se
disgregan en unidades productivas bastante más pequeñas, y cuanto más, más difícil
también que los sindicatos puedan colarse en las empresas.
En muchas ramas de la producción y de los servicios recurrir a la huelga, el arma más
contundente de que los sindicatos disponían, solo favorece el recorte de mano de obra
que los avances tecnológicos de suyo promueven, y/o facilita una des-localización de
las empresas a países con salarios mucho más bajos en los que además la huelga y la
lucha sindical están excluidas.
Fieles al sindicato permanecen únicamente los que disfrutan de un puesto de trabajo
seguro, de preferencia un obrero especializado con salarios que sobrepasan la media,
mayor de 50 años, con uno o dos hijos y una mujer ama de casa. Los sindicatos saben
que no pueden seguir aferrados a esta clientela que merma a gran velocidad, conscientes
de que el esfuerzo por mantener el statu quo a todo trance lleva a la consunción en la
impotencia.
Es obvio que, en un mundo globalizado, los sindicatos únicamente podrán perdurar
actuando globalmente. Restringir su actuación al interior de las fronteras nacionales,
cuando el capital y las empresas se mueven a nivel planetario, sería firmar su sentencia
de muerte. Ahora bien, por indispensable que la internacionalización de la acción
sindical sea en teoría, en la práctica se muestra casi inalcanzable.
Así como se requiere una coordinación de los Estados a nivel mundial para enfrentarse a
los problemas globales, nadie duda de que para paliar el poder del capital los sindicatos
tendrían que actuar globalmente, pero en ambos casos queda patente que no porque sea
indispensable resulta factible. Hay que tener en cuenta que los sindicatos nacieron y se
desarrollaron en sociedades industriales que cuajaron en el interior de Estados
nacionales. La crisis profunda de los Estados nacionales es también la de los sindicatos.
En España la situación se agrava porque los sindicatos solo pudieron reorganizarse
cuando había empezado ya el declive del movimiento obrero y la señora Thatcher
estaba ocupada en aplastar el poder sindical. El neoliberalismo implantó una nueva
cultura individualista que ha terminado por prevalecer en la sociedad posindustrial y que
ha dejado la solidaridad en manos exclusivas del Estado. Con la nueva regulación del
mercado del trabajo unos sindicatos tardíos, sin apenas afiliación, se juegan la
supervivencia. No se trata tanto de abaratar el despido, que también, como de eliminar
la negociación colectiva, cada vez más difícil de encajar en una economía globalizada
con enormes oscilaciones en la demanda.
Ahora bien, si se negocia empresa por empresa, no solo en la mayor parte de ellas los
trabajadores quedan desprotegidos, es que los sindicatos pierden su razón de ser. En
poder de la derecha una buena parte de las radios y las televisiones privadas, muchos
hoy, incluso entre los trabajadores, aplauden que se decapite a los sindicatos.
Cuando haya que enfrentarse a las “huelgas salvajes” de los pocos sectores privilegiados
que se las puedan permitir, o a las mucho más violentas que surjan de situaciones
extremas de explotación, se comprobará demasiado tarde la función esencial que los
sindicatos desempeñan en el mantenimiento del orden social establecido.
Ignacio Sotelo, catedrático de Sociología, es autor de El Estado social.
De lo primero de lo que hay que dejar constancia es de un descenso de la afiliación a los
sindicatos. En Alemania, los miembros del DGB, la mayor central sindical, pasan de 12
millones en 1990 a 7,7 en el 2000, y las pérdidas han continuado al mismo ritmo en el
siglo actual. En la Unión Europea de los 15, entre 1995 y el 2006 la afiliación
disminuyó en un 31%. En la Europa del Este el bajón fue todavía mayor: en Hungría de
un 63%; en Eslovaquia, de un 57%; en la República Checa de un 46%. A pesar de que
la historia de las dos Europas haya sido tan distinta, coinciden en un rápido declive de
los sindicatos.
Antes la vida estaba estructurada en tres etapas perfectamente diferenciadas. Una
primera de preparación, dedicada a adquirir un oficio o profesión que habría de durar
toda la vida. Seguía una segunda de actividad laboral, que se extendía al menos cuatro
decenios, consagrada por entero a un trabajo del que se extraía la identidad social. Una
tercera edad, que el alto nivel de vida y los enormes avances de la medicina han
prolongado, en la que al fin se disfruta de tiempo libre para hacer lo que siempre
hubiéramos querido. El premio de una vida de trabajo consistía en poder hacer al final
lo que se quisiera, lástima que llegaba cuando ya el cuerpo se revela como el mayor
impedimento.
El esquema anterior quizás sirva para los que hoy se jubilan, pero no será aplicable a las
nuevas generaciones. Los contenidos específicos de cada una de estas tres etapas se
mezclan cada vez con mayor frecuencia. El que quiera mantenerse en el mercado de
trabajo -un puesto de por vida se resquebraja hasta entre los funcionarios- tendrá que
reciclarse en su profesión, o aprender una nueva. La “educación permanente” deja
abierta de manera indefinida la primera etapa, que, por otro lado, pierde parte de su
sentido, al desconectarse las posibilidades de empleo de la preparación recibida: ha
mejorado la educación en la proporción que disminuye el empleo. Para alcanzar un
puesto de trabajo no basta un buen nivel educativo, aunque cuanto más bajo sea este,
menores las oportunidades.
Tampoco el tiempo libre es ya privilegio de los jubilados. Hay que contar con un ocio
querido -media jornada, excedencia temporal- y sobre todo con uno no querido, al
quedarse sin empleo, que es preciso saber manejar hábilmente. Más que en el trabajo,
hoy la personalidad se refleja en la forma en que se ocupa el tiempo libre. Antes se
educaba exclusivamente para el trabajo; en el futuro será cada vez más importante una
educaciónpara el ocio. El que el trabajo haya dejado de estructurar la vida es el cambio
más profundo que caracteriza al nuevo orden social que está surgiendo.
Con la centralidad del trabajo se disipa la “conciencia de clase”, que en el siglo que
acaba de empezar ha desaparecido casi por completo. La mayor parte de la población se
identifica cada vez menos por el oficio, y más por el sexo, la edad, la nacionalidad, el
origen regional… o si son del Madrid o del Barça. Se asume que es menester vivir de un
curro, siempre precario, aceptar cambiarlo de continuo y, en los trechos en los que no se
obtenga ninguno, recibir sin el menor desdoro la “ayuda o salario social”.
El individuo ha dejado de identificarse por el trabajo al que acude, al fin y al cabo una
cuestión de suerte cambiante sobre la que poco se puede influir. Sabe que el capital
únicamente lo necesita como consumidor. El gran aporte del capitalismo en su última
versión es haber conseguido la máxima individualización en el puesto de trabajo, pero
también en cuanto consumidor.
Los sectores marginados, es decir, aquellos que quedan fuera del mercado, han
mostrado siempre una profunda aversión a dejarse organizar, objetivo también muy
difícil de alcanzar con una enorme dispersión de la fuerza del trabajo.
A la vez que las multinacionales se expanden por todo el planeta, las fábricas se
disgregan en unidades productivas bastante más pequeñas, y cuanto más, más difícil
también que los sindicatos puedan colarse en las empresas.
En muchas ramas de la producción y de los servicios recurrir a la huelga, el arma más
contundente de que los sindicatos disponían, solo favorece el recorte de mano de obra
que los avances tecnológicos de suyo promueven, y/o facilita una des-localización de
las empresas a países con salarios mucho más bajos en los que además la huelga y la
lucha sindical están excluidas.
Fieles al sindicato permanecen únicamente los que disfrutan de un puesto de trabajo
seguro, de preferencia un obrero especializado con salarios que sobrepasan la media,
mayor de 50 años, con uno o dos hijos y una mujer ama de casa. Los sindicatos saben
que no pueden seguir aferrados a esta clientela que merma a gran velocidad, conscientes
de que el esfuerzo por mantener el statu quo a todo trance lleva a la consunción en la
impotencia.
Es obvio que, en un mundo globalizado, los sindicatos únicamente podrán perdurar
actuando globalmente. Restringir su actuación al interior de las fronteras nacionales,
cuando el capital y las empresas se mueven a nivel planetario, sería firmar su sentencia
de muerte. Ahora bien, por indispensable que la internacionalización de la acción
sindical sea en teoría, en la práctica se muestra casi inalcanzable.
Así como se requiere una coordinación de los Estados a nivel mundial para enfrentarse a
los problemas globales, nadie duda de que para paliar el poder del capital los sindicatos
tendrían que actuar globalmente, pero en ambos casos queda patente que no porque sea
indispensable resulta factible. Hay que tener en cuenta que los sindicatos nacieron y se
desarrollaron en sociedades industriales que cuajaron en el interior de Estados
nacionales. La crisis profunda de los Estados nacionales es también la de los sindicatos.
En España la situación se agrava porque los sindicatos solo pudieron reorganizarse
cuando había empezado ya el declive del movimiento obrero y la señora Thatcher
estaba ocupada en aplastar el poder sindical. El neoliberalismo implantó una nueva
cultura individualista que ha terminado por prevalecer en la sociedad posindustrial y que
ha dejado la solidaridad en manos exclusivas del Estado. Con la nueva regulación del
mercado del trabajo unos sindicatos tardíos, sin apenas afiliación, se juegan la
supervivencia. No se trata tanto de abaratar el despido, que también, como de eliminar
la negociación colectiva, cada vez más difícil de encajar en una economía globalizada
con enormes oscilaciones en la demanda.
Ahora bien, si se negocia empresa por empresa, no solo en la mayor parte de ellas los
trabajadores quedan desprotegidos, es que los sindicatos pierden su razón de ser. En
poder de la derecha una buena parte de las radios y las televisiones privadas, muchos
hoy, incluso entre los trabajadores, aplauden que se decapite a los sindicatos.
Cuando haya que enfrentarse a las “huelgas salvajes” de los pocos sectores privilegiados
que se las puedan permitir, o a las mucho más violentas que surjan de situaciones
extremas de explotación, se comprobará demasiado tarde la función esencial que los
sindicatos desempeñan en el mantenimiento del orden social establecido.
Ignacio Sotelo, catedrático de Sociología, es autor de El Estado social.
Professors universitaris, personal universitari i professionals presenten un manifest per recolzar la vaga general del 29-S convocada per CCOO i UGT
El dimecres 28 de juliol, a les 12.00h al Col•legi de Periodistes de Catalunya ha tingut lloc una roda de premsa per presentar el Grup Promotor del Manifest de les Universitats Catalanes. Un conjunt de professors universitaris, personal universitari i professionals han decidit impulsar un manifest per recolzar la vaga general convocada per CCOO i UGT per al 29 de setembre contra la reforma laboral.
Amb aquesta primera trobada es vol començar a debatre sobre el 'Manifest de professors i professores universitàries davant la reforma laboral i les polítiques d'ajust econòmic' i fer una primera presentació a l'opinió pública.
En aquest Grup Promotor del Manifest de les Universitats Catalanes, que també ha creat el bloc "http://manifestuniversitatscatalanes.blogspot.com/", trobem persones vinculades al món universitari: Joan Anton Mellón (UB), Teresa Torns (UAB), Albert Recio (UAB), Rosa Queralt (URV), Josep Moreno Gené (UdL), Maria José Saura (UPC), Pere Jódar (UPF), Cristina Carrasco (UB), José Manuel Rúa (UB), Sergi Fillet (UPC), Xavier Vinader, Antonio Madrid (UB), Aida Ruiz (UPF), Ramon Sans (UPC), Àngel Miret (UPF), Jaime Rodríguez (UB), Victoria Fabregat (URV), María José Feijoo (UAB), Paco Martín (UAB), Eulàlia Guiu (UdG), Emili Loncà (UdL), Juan Ignacio Marín (Inspector de Treball), Vicenç Navarro (UPF), Joaquín Gairin (UAB).
Feu clic per veure el 'Manifest de professors universitaris, personal universitari i professionals'.
Inestabilidad laboral contraproductiva
TRIBUNA: JOSÉ MARÍA ZUFIAUR
(El País 22/7/2010)
La reforma laboral de Zapatero generaliza la inestabilidad, abarata y facilita el despido y debilita la negociación colectiva. No es buena para los trabajadores ni para el desarrollo de la economía ni para nuestra cohesión social
Desde que, en 1980, se aprobara el Estatuto de los Trabajadores en España se han realizado más reformas laborales que en ningún otro país europeo. Tres de ellas han configurado el actual modelo laboral. Las tres fueron realizadas sin consenso con los sindicatos. Las tres se han superpuesto, agravando cada vez más las disfunciones del sistema. Su autoría es la responsable del modelo laboral que tenemos: precario, volátil, dual, con alto porcentaje de bajos salarios y corresponsable de la baja productividad. Estos antecedentes deberían haber llevado al actual Gobierno, artífice de la nueva reforma, a tener en cuenta las experiencias del pasado, con un análisis más objetivo de la realidad, sin utilizar de nuevo la crisis para imponerla, con un enfoque totalmente diferente y en sintonía con el modelo productivo y de sociedad que queremos construir.
Aduciendo la rigidez del mercado de trabajo que, se argüía, explicaba las altísimas tasas de paro españolas, la reforma de 1984 instauró, bajo el lema de "más vale un trabajo precario que ninguno", la contratación temporal sin causa y la finalización del contrato con una mínima indemnización. La temporalidad pasó a cronificarse y afectar a un tercio del mercado de trabajo.
La reforma de 1994, afirmando que la flexibilización del despido y el aumento de la discrecionalidad empresarial corregirían la temporalidad de la anterior, amplió las condiciones del despido individual y transfirió importantes parcelas de las condiciones de trabajo a la decisión empresarial. Sin que la temporalidad bajara, el incremento de la arbitrariedad empresarial debilitó la negociación colectiva y bajó los salarios. La reforma de 2002, con parecidos argumentos, convirtió en superfluo el recurso a la tutela judicial en el despido improcedente y redujo, mediante la eliminación de los salarios de tramitación, los costes del mismo. Esa reforma sumó a la altísima temporalidad acarreada una penetración suplementaria de la inestabilidad laboral en el universo de los contratos indefinidos, al crecer de manera exponencial los despidos objetivos improcedentes.
Aproximándose paulatinamente al mantra de la reforma laboral total, los sucesivos Gobiernos han dejado de abordar problemas esenciales de la economía española. En lugar de dedicarse a darles respuesta, el Gobierno de Zapatero la ha encarrilado también por donde los anteriores. Usando como pretexto el muy real problema de la dualidad entre trabajadores temporales y fijos, en lo que realmente centra su reforma es en un drástico abaratamiento del despido y en hacerlo más automático, en el debilitamiento de la negociación colectiva y en el reconocimiento de las agencias privadas de colocación. Esta reforma cierra el bucle de las anteriores y generaliza la inestabilidad. Su propuesta de "máximos" (aún sin descartar) es el "contrato único", idea propuesta en 2004 por dos economistas franceses y jamás concretada en ninguna parte. Hasta ahora. Aquí lo quieren introducir, en su versión integral o a través del ensamblaje de piezas sueltas. Las consecuencias de tal reforma son totalmente previsibles: despido mucho más barato y fácil, fundamental vaciamiento de la negociación colectiva, extensión de la "selección adversa" en la intermediación laboral. La dualidad que pretende "solucionar" haciendo a todos, temporales y fijos, igual de inestables en realidad se mantiene creando, al tiempo, una nueva y darwinista segmentación entre antiguos y nuevos contratados fijos, entre cualificados y no cualificados, entre contratados de corta y de larga duración, entre "viejos y "jóvenes".
Una amalgama de intereses empresariales, de apriorismos ideológicos, de diagnósticos sesgados, de argumentos económicamente poco fundados, ha sido la principal causa de esta obsesión por la reducción del precio del despido y del coste del trabajo en las sucesivas reformas. Esto ha alimentado, a su vez, una cultura empresarial centrada en el ajuste del factor trabajo y no en la flexibilidad interna pactada, la innovación y la productividad. Estos 30 años de reformas laborales nos han demostrado, entre otras cosas, que no era cierto que la mayor tasa de paro se debiera al modelo laboral, sino a la obsolescencia de nuestro aparato productivo y a la incorporación, sin parangón con otros países, de población activa al mercado de trabajo: mujeres, trabajadores del campo, inmigrantes. No era cierto tampoco que nuestra economía no fuera capaz de crear empleo: cuando la economía crecía, creábamos más empleo que nadie. Ni siquiera era verdad que nuestra denigrada legislación laboral impidiera la creación de empleo fijo: entre 1995 y 2007 se ha creado mucho más empleo fijo que temporal. No es cierto que nuestra tasa de paro estructural sea más elevada que las de otros países (las tasas de paro masculinas y las de varias CC AA llegaron prácticamente al pleno empleo en 2007). No era cierto que los obstáculos para despedir fueran los mayores del mundo: según el Banco Mundial son de los menores de la UE. No es cierto que nuestra regulación del despido sea la más severa y cara: la OCDE nos sitúa en una posición intermedia y muy por debajo de países como Alemania, Suecia, Holanda, Francia. Tampoco es cierto que en nuestro mercado laboral no haya movilidad ni flexibilidad. Tenemos demasiada, pero de la nociva: estamos a la cabeza de Europa en rotación del empleo y en despidos, según la UE y la OCDE. No es creíble, igualmente, que con la generalización de la inestabilidad vaya a aumentar la productividad. Porque es nuestra gran inestabilidad laboral la que provoca la baja y contracíclica productividad que tenemos. Por ello, esta reforma laboral, que provoca más inestabilidad, es mala para los trabajadores pero también para el desarrollo de la economía y para nuestra cohesión social.
Necesitamos cambiar de enfoque. Ello debería significar tres cosas. Para empezar, colocar la productividad, el cambio del modelo productivo y el tipo de sociedad a la que aspiramos en el frontispicio del debate sobre la reforma laboral. Implica un diagnóstico compartido, el desarrollo del capital humano, la apuesta por la innovación y el desarrollo sostenible y por un modelo de empresa que crea en el empleo de calidad y en relaciones laborales concertadas y cooperativas.
En segundo lugar, una decidida apuesta por la estabilidad laboral. La precariedad, la inestabilidad y la volatilidad son antagónicas con el aumento de la productividad, con la implicación del trabajador, el aprendizaje organizacional y estrategias a largo plazo que aumenten el valor añadido. Los modelos laborales que promueven la confianza, la seguridad en el empleo, la formación y la autonomía estimulan la productividad. Todo ello requiere apostar por sindicatos fuertes, con implantación y participación en el seno de las empresas.
Hace falta, además, repensar qué se entiende por protección del empleo. No es la mejor protección, por ejemplo, que aunque el precio del despido improcedente sea alto se despida mucho y fácilmente. Menos aún puede proteger un despido más fácil, más barato y subvencionado, como establece esta reforma. Lo que quieren los trabajadores y sus sindicatos es que la combinación de la ley, del poder sindical y de la protección social les proteja más, aunque la indemnización sea menor, para evitar en lo posible el despido y, en su caso, hacer más fácil una buena recolocación. Es la lógica iniciada con la reforma de 1997 y que luego se desnaturalizó. Esa es también la axiología del derecho del trabajo: dar prioridad absoluta al empleo como valor.
Cambiar el enfoque representa acercarnos a lo que sucede en los países europeos más competitivos y cohesionados, en los que el despido improcedente o injustificado es más barato, pero muy infrecuente; los sindicatos son más fuertes e intervienen mucho más que aquí en los despidos individuales y colectivos; es más difícil que un juez declare un despido socialmente justificado; las empresas optan por reducir la jornada en vez de despedir; sus obligaciones en la recolocación de los excedentes laborales son más exigentes y efectivas, los sistemas de protección del desempleo más extendidos; la obligación de formación y el reconocimiento de la experiencia profesional más establecidas, los servicios públicos de intermediación y las políticas activas de empleo mucho mejores. Esta reforma, en cambio, no nos acerca, en el ámbito laboral, a los países más avanzados de Europa sino a Estados Unidos o a los países del Este.
José María Zufiaur es miembro del Comité Económico y Social Europeo en representación de UGT.
Aduciendo la rigidez del mercado de trabajo que, se argüía, explicaba las altísimas tasas de paro españolas, la reforma de 1984 instauró, bajo el lema de "más vale un trabajo precario que ninguno", la contratación temporal sin causa y la finalización del contrato con una mínima indemnización. La temporalidad pasó a cronificarse y afectar a un tercio del mercado de trabajo.
La reforma de 1994, afirmando que la flexibilización del despido y el aumento de la discrecionalidad empresarial corregirían la temporalidad de la anterior, amplió las condiciones del despido individual y transfirió importantes parcelas de las condiciones de trabajo a la decisión empresarial. Sin que la temporalidad bajara, el incremento de la arbitrariedad empresarial debilitó la negociación colectiva y bajó los salarios. La reforma de 2002, con parecidos argumentos, convirtió en superfluo el recurso a la tutela judicial en el despido improcedente y redujo, mediante la eliminación de los salarios de tramitación, los costes del mismo. Esa reforma sumó a la altísima temporalidad acarreada una penetración suplementaria de la inestabilidad laboral en el universo de los contratos indefinidos, al crecer de manera exponencial los despidos objetivos improcedentes.
Aproximándose paulatinamente al mantra de la reforma laboral total, los sucesivos Gobiernos han dejado de abordar problemas esenciales de la economía española. En lugar de dedicarse a darles respuesta, el Gobierno de Zapatero la ha encarrilado también por donde los anteriores. Usando como pretexto el muy real problema de la dualidad entre trabajadores temporales y fijos, en lo que realmente centra su reforma es en un drástico abaratamiento del despido y en hacerlo más automático, en el debilitamiento de la negociación colectiva y en el reconocimiento de las agencias privadas de colocación. Esta reforma cierra el bucle de las anteriores y generaliza la inestabilidad. Su propuesta de "máximos" (aún sin descartar) es el "contrato único", idea propuesta en 2004 por dos economistas franceses y jamás concretada en ninguna parte. Hasta ahora. Aquí lo quieren introducir, en su versión integral o a través del ensamblaje de piezas sueltas. Las consecuencias de tal reforma son totalmente previsibles: despido mucho más barato y fácil, fundamental vaciamiento de la negociación colectiva, extensión de la "selección adversa" en la intermediación laboral. La dualidad que pretende "solucionar" haciendo a todos, temporales y fijos, igual de inestables en realidad se mantiene creando, al tiempo, una nueva y darwinista segmentación entre antiguos y nuevos contratados fijos, entre cualificados y no cualificados, entre contratados de corta y de larga duración, entre "viejos y "jóvenes".
Una amalgama de intereses empresariales, de apriorismos ideológicos, de diagnósticos sesgados, de argumentos económicamente poco fundados, ha sido la principal causa de esta obsesión por la reducción del precio del despido y del coste del trabajo en las sucesivas reformas. Esto ha alimentado, a su vez, una cultura empresarial centrada en el ajuste del factor trabajo y no en la flexibilidad interna pactada, la innovación y la productividad. Estos 30 años de reformas laborales nos han demostrado, entre otras cosas, que no era cierto que la mayor tasa de paro se debiera al modelo laboral, sino a la obsolescencia de nuestro aparato productivo y a la incorporación, sin parangón con otros países, de población activa al mercado de trabajo: mujeres, trabajadores del campo, inmigrantes. No era cierto tampoco que nuestra economía no fuera capaz de crear empleo: cuando la economía crecía, creábamos más empleo que nadie. Ni siquiera era verdad que nuestra denigrada legislación laboral impidiera la creación de empleo fijo: entre 1995 y 2007 se ha creado mucho más empleo fijo que temporal. No es cierto que nuestra tasa de paro estructural sea más elevada que las de otros países (las tasas de paro masculinas y las de varias CC AA llegaron prácticamente al pleno empleo en 2007). No era cierto que los obstáculos para despedir fueran los mayores del mundo: según el Banco Mundial son de los menores de la UE. No es cierto que nuestra regulación del despido sea la más severa y cara: la OCDE nos sitúa en una posición intermedia y muy por debajo de países como Alemania, Suecia, Holanda, Francia. Tampoco es cierto que en nuestro mercado laboral no haya movilidad ni flexibilidad. Tenemos demasiada, pero de la nociva: estamos a la cabeza de Europa en rotación del empleo y en despidos, según la UE y la OCDE. No es creíble, igualmente, que con la generalización de la inestabilidad vaya a aumentar la productividad. Porque es nuestra gran inestabilidad laboral la que provoca la baja y contracíclica productividad que tenemos. Por ello, esta reforma laboral, que provoca más inestabilidad, es mala para los trabajadores pero también para el desarrollo de la economía y para nuestra cohesión social.
Necesitamos cambiar de enfoque. Ello debería significar tres cosas. Para empezar, colocar la productividad, el cambio del modelo productivo y el tipo de sociedad a la que aspiramos en el frontispicio del debate sobre la reforma laboral. Implica un diagnóstico compartido, el desarrollo del capital humano, la apuesta por la innovación y el desarrollo sostenible y por un modelo de empresa que crea en el empleo de calidad y en relaciones laborales concertadas y cooperativas.
En segundo lugar, una decidida apuesta por la estabilidad laboral. La precariedad, la inestabilidad y la volatilidad son antagónicas con el aumento de la productividad, con la implicación del trabajador, el aprendizaje organizacional y estrategias a largo plazo que aumenten el valor añadido. Los modelos laborales que promueven la confianza, la seguridad en el empleo, la formación y la autonomía estimulan la productividad. Todo ello requiere apostar por sindicatos fuertes, con implantación y participación en el seno de las empresas.
Hace falta, además, repensar qué se entiende por protección del empleo. No es la mejor protección, por ejemplo, que aunque el precio del despido improcedente sea alto se despida mucho y fácilmente. Menos aún puede proteger un despido más fácil, más barato y subvencionado, como establece esta reforma. Lo que quieren los trabajadores y sus sindicatos es que la combinación de la ley, del poder sindical y de la protección social les proteja más, aunque la indemnización sea menor, para evitar en lo posible el despido y, en su caso, hacer más fácil una buena recolocación. Es la lógica iniciada con la reforma de 1997 y que luego se desnaturalizó. Esa es también la axiología del derecho del trabajo: dar prioridad absoluta al empleo como valor.
Cambiar el enfoque representa acercarnos a lo que sucede en los países europeos más competitivos y cohesionados, en los que el despido improcedente o injustificado es más barato, pero muy infrecuente; los sindicatos son más fuertes e intervienen mucho más que aquí en los despidos individuales y colectivos; es más difícil que un juez declare un despido socialmente justificado; las empresas optan por reducir la jornada en vez de despedir; sus obligaciones en la recolocación de los excedentes laborales son más exigentes y efectivas, los sistemas de protección del desempleo más extendidos; la obligación de formación y el reconocimiento de la experiencia profesional más establecidas, los servicios públicos de intermediación y las políticas activas de empleo mucho mejores. Esta reforma, en cambio, no nos acerca, en el ámbito laboral, a los países más avanzados de Europa sino a Estados Unidos o a los países del Este.
José María Zufiaur es miembro del Comité Económico y Social Europeo en representación de UGT.
L'UPEC 2010 dóna recolzament a la Vaga general del 29S
La sisena edició de la Universitat Progressista d’Estiu, celebrada a Barcelona del 12 al 16 de juliol, va cloure les seves ponències amb les conclusions del que és i ha de ser el full de ruta en aquests moments de crisi econòmica, d’incertesa política i democràtica i d’una ofensiva cada vegada més evident per part de la dreta. I ho ha fet tractant un munt de temes d’actualitat i amb conferenciants que són referents de les seves disciplines. Un manifest ha recollit l’aposta de la Universitat Progressista d’Estiu per sortir de la crisi d’una manera equitativa, que demana defensar la constitucionalitat de l’Estatut i la democràcia i plantar cara als cada vegada més estesos plantejaments conservadors.En primer lloc, conscient de l’excepcional moment econòmic que vivim, la UPEC ha lamentat i criticat que l’Estat espanyol hagi prioritzat una reforma laboral que abarateix l’acomiadament per davant de les necessàries reformes fiscal i financera, la qual hauria de passar, inevitablement, per un control estricte del frau i l’evasió fiscal i per fer aflorar l’economia submergida.
També ha criticat l’intent de reformar el consolidat sistema de pensions, que, al cap i a la fi, una vegada més, no fa altra cosa que fer pagar la crisi a les persones que no l’han provocat.
Per tot això la UPEC dóna suport als sindicats en la convocatòria de vaga general per al 29-S, els encoratja a seguir treballant en benefici dels interessos generals i en la seva aposta i compromís per l’Estat del benestar.
Pel que fa a propostes per aconseguir una sortida equitativa a la llarga crisi global en la qual ens trobem immersos, la UPEC aposta per un canvi de model productiu que incrementi la inversió en recerca i desenvolupament, reguli els mercats financers i conjugui un nou model energètic, així com la reformulació del sistema de formació de manera que es posi més en relació les empreses amb la universitat i la formació professional.
Tot i així, el gruix de mesures econòmiques que reclama la UPEC han de venir de la Unió Europea: cal una política econòmica comuna que inclogui l’harmonització fiscal, la defensa dels sistemes de benestar, un New Green Deal i una taxa antiespeculativa sobre els moviments financers, a més d’un lideratge polític més fort i d’una reformulació en clau democràtica de les institucions europees que doni més poder a la ciutadania per sobre dels estats.
En segon lloc, la UPEC recull la preocupació per la pèrdua de qualitat democràtica de les nostres institucions. Ho demostren alguns fets ben recents, com l’expulsió del jutge Baltasar Garzón de la carrera judicial per la pressió de grups franquistes davant les investigacions a crims contra la humanitat; o la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, que a més de significar un atac a la dignitat del nostre país ha qüestionat la legitimitat dels pactes entre Catalunya i Espanya –representats per l’Estatut– i ha posat en dubte la capacitat legislativa tant del Parlament de Catalunya com del Congrés espanyol, així com la voluntat del poble català expressada en referèndum.
També és el cas de moviments de connivència amb la xenofòbia expressats per alguns dirigents dels grans partits –actituds racistes que posen en risc els drets de ciutadania de col•lectius immigrants, com en el cas de Vic–, o els casos de corrupció política i econòmica que generen cada vegada més desafecció entre la ciutadania i que moltes vegades són obviats pels grans partits, ja que sovint creuen no tenir-hi cap vinculació o, directament, com sovint passa en àmbits de la dreta, creuen que aquests episodis no els desgastaran electoralment.
Finalment, la UPEC també ha mostrat la seva preocupació per la cada vegada més creixent influència del conservadorisme polític i econòmic a escala mundial. Als EUA, les expectatives que havia generat l’Administració Obama durant els primers mesos del seu mandat s’han anat esvaint pels boicots constants que pateix per part de grups de pressió conservadors, com en els casos de les reformes financera i sanitària. Això, junt amb la feblesa política de la Unió Europea, la força dels mercats, els perdurables conflictes militars o les previsibles crisis alimentàries i energètiques que s’auguren per als propers anys, fa que les expectatives no siguin gaire engrescadores.
Totes aquestes qüestions són que ha tractat enguany la Universitat Progressista d’Estiu; ha analitzat alguns dels eixos del discurs de l’esquerra i el paper dels mitjans de comunicació, ha reivindicat el paper de l’esquerra en la construcció social i ha fet una crida a la mobilització dels progressistes a prendre-hi part.
Barcelona, 19 de juliol de 2010
Més informació: http://www.upec.cat/
Seminari sobre La reforma laboral
El Seminari sobre La reforma laboral anirà a càrrec de:
- Jordi Agustí, Magistrat de la Sala Social del Tribunal Suprem
- Pepe Álvarez, Secretari General UGT Catalunya
- Chelo Chacartegui, Professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social (UPF)
- Eusebi Colàs, Professor col·laborador de Dret del Treball i de la Seguretat Social (UPF)
- Josep Fargas, Professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social (UPF)
- Julia López, Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social (UPF)
- Fernando Salinas, Magistrat de la Sala Social del Tribunal Suprem
- Juan Manuel Tapia, membre de la Comissió Executiva i Secretari de Negociació Col.lectiva de CC.OO de Catalunya
Tindrà lloc:
Dia: 23 de juliol 2010
Lloc: aula 40.008
Hora: 12 hs
Organitza: Estudis de Relacions Laborals
Feu clic per veure la informació del Seminari sobre La reforma laboral en format PDF
- Jordi Agustí, Magistrat de la Sala Social del Tribunal Suprem
- Pepe Álvarez, Secretari General UGT Catalunya
- Chelo Chacartegui, Professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social (UPF)
- Eusebi Colàs, Professor col·laborador de Dret del Treball i de la Seguretat Social (UPF)
- Josep Fargas, Professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social (UPF)
- Julia López, Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social (UPF)
- Fernando Salinas, Magistrat de la Sala Social del Tribunal Suprem
- Juan Manuel Tapia, membre de la Comissió Executiva i Secretari de Negociació Col.lectiva de CC.OO de Catalunya
Tindrà lloc:
Dia: 23 de juliol 2010
Lloc: aula 40.008
Hora: 12 hs
Organitza: Estudis de Relacions Laborals
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Document sobre la reforma laboral 2010
La reforma laboral del 2010 facilita a les empreses l’acomiadament col·lectiu i individual per raons econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, i l’acomiadament individual per la resta de causes objectives.
Redueix la quantia de la indemnització que han de pagar les empreses per l’extinció contractual, a través d’ ERO i d’acomiadament individual objectiu, dels contractes indefinits signats a partir de 18 de juny 2010.
Incentiva la substitució dels contractes indefinits actuals pel contracte pel foment de
la contractació indefinida.
Però aquestes només són algunes de les conseqüències de la reforma. Per conèixer-les totes podeu descarregar-vos la presentació sobre el la reforma laboral 2010 fent clic sobre l'enllaç.
Redueix la quantia de la indemnització que han de pagar les empreses per l’extinció contractual, a través d’ ERO i d’acomiadament individual objectiu, dels contractes indefinits signats a partir de 18 de juny 2010.
Incentiva la substitució dels contractes indefinits actuals pel contracte pel foment de
la contractació indefinida.
Però aquestes només són algunes de les conseqüències de la reforma. Per conèixer-les totes podeu descarregar-vos la presentació sobre el la reforma laboral 2010 fent clic sobre l'enllaç.
Será más fácil despedir que flexibilizar
TRIBUNA: Las consecuencias del ajuste económicoANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
El País. 22/06/2010
En cuanto asoman las crisis proliferan más las ocurrencias que las ideas.
Recurrentes ocurrencias sobre nuevas reformas laborales que lo único que
renuevan, con contumacia, es la degradación del trabajo. Porque, como la
energía en el primer principio de la termodinámica, el empleo ni se crea ni se
destruye con las normas laborales, si acaso inducen su transformación y si es
para hacerlo más endeble, facilitarán también su precaria creación en épocas de
bonanza y su masiva destrucción a las primeras de cambio (del ciclo
económico).
El borrador de reforma era equilibrado; el decreto aprobado es un
desaguisado que abarata todos los despidos
La organización del trabajo en una economía es el corolario de su estructura
productiva y no al revés. El fordismo no surgió en la agricultura norteamericana
durante su expansión al Oeste sino en las fábricas de automóviles y a raíz de que
Henry Ford decidiera fabricarlos en serie.
A su vez, la inversión productiva es la que genera los empleos adecuados a los
bienes y/o servicios que se vayan a producir y los demanda en la cantidad
necesaria para optimizar el capital invertido. Una industria tecnológica
requerirá empleos cualificados y una subcontrata de construcción sería ruinosa
si nutriese su plantilla a base de arquitectos. La primera mantendrá a sus
técnicos por bastante tiempo, porque los desarrollos de su producción
necesitarán un buen periodo hasta abrirse hueco en el mercado; la segunda
ocupará al grueso de sus empleados mientras dure la obra. Posiblemente esta
obtendrá beneficios más rápidamente que aquélla, pero la productividad por
hora trabajada, la generación de valor añadido, la competitividad en los
mercados nacional e internacional y los mayores beneficios a la postre, aunque
se hagan esperar un poco más, serán más plausibles en la industria que en la
subcontrata; y contribuirá a la generación de riqueza en el país, más solvente y
más sostenible en todos los órdenes.
La confusión entre ganar competitividad en un mundo cambiante y acumular
beneficios abundantes, con la mínima inversión y en poco tiempo, como manda
la más pura tradición del capitalismo español, ha latido siempre tras las
innumerables reformas laborales habidas desde antes incluso de aprobarse el
Estatuto de los Trabajadores. En su reforma parcial -y brutal- de 1985 se
consagraron hasta ¡16! modalidades de contratación temporal aunque las tareas
a desarrollar fueran permanentes. "Los empleos temporales de hoy serán los
fijos de mañana", nos espetó el presidente del Gobierno de entonces a cuantos
osamos advertirle del destrozo en el mercado laboral que iba a comportar su
reforma sustituyendo fijos por eventuales.
En apenas tres años pasamos de tener una tasa de temporalidad del 13% al 30%
y en esa dualidad seguimos veinticinco años después. Y no porque se dejaran de
hacer reformas, sino precisamente porque se han hecho muchas más al menor
bache de la economía pero siempre con el mismo interés de abaratar el factor
trabajo como vía principal para recomponer la tasa de beneficio. Reformas,
paradójicamente, para mantener el mismo patrón de crecimiento y
competitividad. Eso sí es alimentar el inmovilismo frente a la globalización.
Al menos fueron tres los momentos decisivos para modernizar la estructura
productiva de nuestro país que se desaprovecharon con otras tantas reformas
lampedusianas: a principios de los ochenta con la impropiamente llamada
reconversión industrial; al ingreso en las Comunidades Europeas, "preparada"
con la precarización laboral de 1985; en la fase de convergencia hacia la Unión
Monetaria con Gobiernos del PP que cebaron la burbuja inmobiliaria y
arruinaron la reforma pactada en el 97 entre patronal y sindicatos para
conjugar, por primera y única vez, flexibilidad y estabilidad laboral. Ahora
puede anotarse el cuarto, cuando el inteligente e inapelable empeño del
Gobierno socialista de alentar la Economía Sostenible está a punto de abortarse
con la reforma aprobada en su Consejo de Ministros el 16 de junio.
Inexplicablemente, el proyecto de reforma sufrió una metamorfosis asombrosa
entre el primer borrador, más equilibrado, del viernes 11, y el decreto aprobado
tres días después, quedando un desaguisado que abarata todos los despidos, que
subvencionados podrán saldarse con 12 días de indemnización para los
objetivos y los facilitará con tan solo alegar "situación económica negativa" de la
empresa, sin que haya incurrido en pérdidas y sin necesidad siquiera de aportar
acreditaciones fehacientes; limitando al mismo tiempo a los jueces a basarse en
la "mínima razonabilidad" para que tengan que sentenciar con manga ancha a
favor del empresario.
Sin embargo, puede costar 20 días por año trabajado y hasta nueve
mensualidades indemnizar a un trabajador si se despide al reorganizar el
trabajo en la empresa para adaptarlo con más flexibilidad a nuevas
circunstancias de la producción. Algunos cambios de última hora trastocarán la
negociación colectiva en lugar de racionalizarla y otros apenas servirán para
reducir la temporalidad.
Jalear a un gobernante con los tópicos sobre la estatura política para que
impongan medidas difíciles aunque sean duras suele ser una argucia
embaucadora, acuñada por las derechas para confundir a Gobiernos de
izquierdas, que no pocas veces se la han tragado. Lo difícil es gobernar con
justicia, lo fácil es hacerlo injustamente; y es comprensible que no queriendo
admitir que se es injusto se utilice el eufemismo de la dureza. Duro es decirle a
ciertos grupos de presión que ya no puede ni debe esperarse que el Gobierno de
un país avanzado ampare y subvencione viejas formas de producir por mucho
que ganen algunos con ellas a costa del empleo y del progreso industrial del
país; difícil es encauzar el emplazamiento a empresarios y trabajadores para
mirar de frente al futuro que hace más de un decenio que está pasando por
delante de nuestras narices.
Antonio Gutiérrez es diputado del PSOE, presidente de la Comisión de Economía del
Congreso y ex secretario general de Comisiones Obreras.
Feu clic per descarregar-vos l'article d'Antonio Gutiérrez 'Será más fácil despedir que flexibilizar' en format PDF
Por favor, no se me confundan de enemigo
MANUEL CRUZEl Pais. 01/07/2010
Supongo que debe haber sido mi sufrida condición de funcionario la que me ha
hecho particularmente sensible a un cierto tipo de comentarios. En todo caso,
bienvenido sea el detonante si sirve para pensar en asuntos que a todos
conciernen. Uno de ellos, particularmente importante a mi juicio, es la
generalización de determinados tópicos en sectores que en principio deberían
sentirse muy alejados de ellos. Con otras palabras: tengo la sensación de que
sectores populares parecen hacer suyas banderas que no les corresponderían,
interiorizando reivindicaciones y críticas propias de otros sectores.
Los sectores populares no deberían caer en la trampa de satanizar ni a los
funcionarios ni a los sindicatos
Si los socialistas no hubieran abolido impuestos a los ricos, sobraría el
tijeretazo
Es el caso, por el que empezaba este artículo, de una extendida actitud hacia los
funcionarios, tomados como objeto de todo tipo de diatribas precisamente por
aquellos que más los necesitan y más recurren a sus servicios. Como
acertadamente recordaba Santos Juliá hace algunas semanas en estas mismas
páginas, casi la mitad de los funcionarios de este país desarrollan su actividad
en los diferentes niveles del sistema educativo, de infantil a universitario, y en
las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, estando otro
contingente muy importante formado por militares, policías y guardias civiles, o
sea, personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, a los que es preciso añadir el personal adscrito a la Administración
de Justicia y a los centros penitenciarios y las policías locales y autonómicas. En
definitiva, un personal absolutamente necesario para el funcionamiento de
cualquier sociedad y que en ningún caso se identifica con la malintencionada
imagen del oficinista ocioso y absentista que, cuando por fin acude a su puesto
de trabajo, se sacude de encima la faena a las primeras de cambio echando
mano del socorrido "vuelva usted mañana".
Análogo desenfoque parece estar sucediendo con los sindicatos, enemigos de
clase tradicionales de la patronal, que ahora tienden a verse denostados desde
los mismos sectores populares que, también en esto, hacen suyos los
argumentos que no parecen corresponderles. No seré yo quien haga un elogio
desatado de las organizaciones sindicales, ni quien obvie que en ellas pueden
darse casos -incluso flagrantes, so pretexto de la profesionali-zación- de
burocratismo o, lo más grave, de atención preferente a determinados sectores de
trabajadores (lo que antaño se llamaba aristocracia obrera) en perjuicio de
nuevos sectores damnificados (inmigración, juventud, parados...). Pero algo
convendría no olvidar, sobre todo a la vista del cariz, cada vez más duro, que
han ido tomando los acontecimientos: con todos sus defectos y errores, han sido
las organizaciones sindicalesquienes han asumido, en algún caso en clamorosa
soledad, la defensa de los intereses de los trabajadores frente a sectores que
están dando sobradas pruebas de una avidez y una codicia sin límites.
Era precisamente un sindicalista, el secretario general de CC OO en Cataluña,
Joan Carles Gallego, quien, en un artículo periodístico reciente, proporcionaba
el dato: con la rebaja que ha efectuado la Generalitat de Cataluña en el impuesto
de sucesiones había dejado de recaudar 540 millones de euros, mientras que
con el recorte del sueldo a los funcionarios tan solo se iba a ahorrar 200. A
nadie, en cambio, se le ha ocurrido plantear la reconsideración de estas
medidas, quizá porque aquellos a quienes les correspondería hacerlo debieron
creerse en su momento el solemne dictamen doctrinal del presidente del
Gobierno afirmando que bajar impuestos es de izquierdas, dictamen ahora
vuelto del revés como un calcetín.
Sin duda, ese cambio de banderas al que me refería al empezar el artículo tiene
que ver con el deterioro, cuando no el abandono, de las propias. Del estado de
confusión en el que parece sumida la socialdemocracia, reclamando día sí día
también la necesidad del retorno de la política, pero sin especificar qué
demonios haría con ella en caso de que tal retorno se produjera, para qué
hablar. ¿Y qué decir de su izquierda? En momentos como el actual parece
revelarse el carácter artificioso, impostado, por no decir oportunista, de muchas
presuntas reconversiones ideológicas. Sin duda, para algunos debió resultar
muy atractiva la transversalidad que ofrecían, por ejemplo, los discursos
ecologistas (sobre todo cuando las tradicionales bases obreras menguaban a
gran velocidad), pero en tiempos de crisis, en el que las urgencias más
inmediatas pasan por delante, en el que la desesperación se extiende por
doquier, uno no puede dejar de pensar que buena parte de aquellos discursos y
sus reivindicaciones parecían diseñados para épocas de abundancia, y que
seguir manteniéndolos tal cual, con la que está cayendo (y con los que han
caído) a muchos les puede sonar a frivolidad insufrible.
Pero ninguno de los argumentos anteriores -o incluso otros mejores en la misma
línea que se pudieran ofrecer- hace buena, ni menos aún legitima, la confusión
de enemigo. Se diría que, insaciables en todo, quienes han conseguido imponer
sus directrices en el terreno de la economía o de la política (obligando a la
izquierda a tomar medidas que hasta ayer mismo juraba que jamás tomaría),
también aspiran a la hegemonía en materia de ideas y actitudes. Parecen estar
obteniéndola. Durante la época de vacas gordas, consiguieron imponer su
modelo hipercompetitivo, hicieron creer a los menos favorecidos que el ascensor
social estaba perfectamente engrasado y que el mercado no solo se encargaba de
ordenarlo todo, sino que terminaría encumbrando a los mejores, sin hacer
distingos por su extracción de clase. Ahora estamos viendo los frutos de aquel
espejismo: quienes, por su posición en la sociedad, deberían ser decididamente
solidarios (¿tan poca memoria deja venir de pobre?) se han convertido en
ferozmente rencorosos, asumiendo, en cruel paradoja, los argumentos de
quienes precisamente les han conducido a la lamentable situación en la que
ahora se encuentran.
En definitiva, quizá, como le hacía decir El Roto al personaje de una de sus
impagables viñetas, ya no haya derecha e izquierda, pero de lo que no hay la
menor duda es de que continúa habiendo arriba y abajo. De ahí la súplica que
daba título al presente artículo: por favor, no se me confundan de enemigo.
Manuel Cruz es funcionario del Ministerio de Educación.
Clic aquí per a descarregar-vos l'article de Manel Cruz 'Por favor, no se me confundan de enemigo' en format PDF
El claustre de la Universitat de Barcelona acorda donar suport a la vaga general del 29 de setembre
El Claustre de la Universitat de Barcelona ha acordat donar suport a la convocatòria de vaga general per al proper 29 de setembre de 2010, exigint del govern un canvi de política que suposi:La retirada d'una reforma laboral que:
• No servirà per crear ocupació.
• No reduirà la dualitat del mercat laboral.
• Facilita i abarateix l'acomiadament.
• Reforça el poder empresarial per modificar unilateralment les condicions de treball.
• Privatitza la gestió de la desocupació.
• Defensar la negociació col•lectiva com a marc de protecció de les condicions de treball, davant els intents d'atribuir a les empreses la capacitat d'incomplir els acords assolits de forma unilateral.
• Garantir el sistema públic de pensions com a eix central del nostre sistema de protecció social.
• Una política que redueixi el dèficit públic mitjançant l'increment dels ingressos i no només mitjançant la reducció de la despesa.
• Una nova política fiscal, que reforci l'estructura d'ingressos de l'Estat, apostant per una major recaptació basada en la progressivitat fiscal.
Nou bloc sobre el Manifest de les Universitat Catalanes
Aquest nou bloc servirà com a punt de trobada per a les Universitats Catalanes davant la vaga general del proper 29 de setembre de 2010.
